Se trata de una situación jurídica en la que una persona, debido a limitaciones de tipo físico, sensorial o psicológico, permanentes o de larga duración, no puede gestionar adecuadamente sus bienes ni su propia vida personal. En estos casos, es necesario que un juez declare la existencia de dicha discapacidad y establezca la figura pertinente, con el fin de proteger sus derechos e intereses en todos los ámbitos.

Contar con un asesoramiento jurídico especializado resulta fundamental para garantizar la correcta protección de la persona afectada.